Por: Redacción Judicial El Espectador.
También a la actual secretaria de gobierno de Bogotá, cuatro columnistas de El Espectador y voceros de ONG. Por presuntos nexos con las FARC, un fiscal ordenó interceptar los ‘email’ de 152 personas.
Documentos en poder de El Espectador revelan que en dos oportunidades, en diciembre de 2006 y septiembre de 2007,
El proceso se inició el 28 de noviembre de 2005, cuando miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 9, en jurisdicción del municipio de Colombia, Huila, incautaron documentación sobre las FARC en la que se hablaba del Movimiento Bolivariano Nueva Colombia y el PC3 en la ciudad de Bogotá, “relacionando a diferentes personas que han recibido instrucción por parte de ese grupo guerrillero y estarían organizando células en diferentes sectores de la ciudad”. Es así como, sostuvo
Con estos argumentos, el capitán de
Todos rechazaron con vehemencia la flagrante violación de su intimidad y anticiparon acciones legales en contra de
Alfredo Rangel se declaró extrañado y calificó de arbitraria la lista de correos interceptados: “Esto es una pesca ciega”. La más enfática fue la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López: “Es inconcebible y vergonzoso. Sería terrible que con la ayuda de las autoridades vayamos hacia un Estado autoritario donde exista el delito de opinión”, y enfatizó que las fechas de las chuzadas a su correo coinciden con las denuncias que hizo por el escándalo parapolítico. Voceros de ONG se declararon alarmados y en espera de una explicación del fiscal Mario Iguarán.
Consultado por El Espectador, el Fiscal sostuvo los siguiente: “Esto, más que un ataque de originalidad, tiene todos los visos de estar haciéndoles la tarea a los enemigos de los derechos y las libertades constitucionales. En consecuencia, se instruyó para que se revocara tan irrazonable decisión y ordenamos que se compulsaran copias para que se investigue por prevaricato y abuso de autoridad a los fiscales y funcionarios de policía judicial que autorizaron esto”. Uno de los fiscales relevados fue Jorge Piedrahita, el mismo que desató un escándalo el pasado 22 de octubre luego de que pidiera la revisión de las bases de datos de docentes y alumnos de las universidades públicas.
Los ‘chuzados’
Alejandro Gaviria
Decano Economía U. de los Andes
“Me parece muy harto y desagradable. Tampoco quiero posar de víctima ni hacer especulaciones, pero sí quisiera decir que el país está cayendo en un clima de paranoia y uno de los objetivos del terrorismo es convertir al Estado en un persecutor y abusador de la libertad de civiles”.
Lisandro Duque
Director de cine
“Estoy bastante molesto, porque es una violación a la privacidad. Cuando yo vi que una de las sospechas sobre mi correo era tener vínculos para encubrir gente de
Iván Cepeda
Defensor de Derechos Humanos
“Considero que esto hace parte de una campaña de persecución contra defensores de derechos humanos. También he sido informado de que se han interceptado líneas y teléfonos celulares desde distintos organismos de seguridad del Estado”.
Alfredo Rangel
Fundación Seguridad y Democracia
“Acerca de todo esto yo diría que es una especie de pesca ciega tratando de establecer nexos entre los propietarios de los correos y los grupos ilegales, pero de una forma azarosa y arbitraria (...) me parece que es una ligereza y una falta de criterio lo de incorporar nombres de manera arbitraria a una lista de correos que van a ser interceptados”.